Churumuco, Mich., mayo de 2026.- En este municipio de Tierra Caliente, el miedo se volvió parte de la vida cotidiana. Habitantes, desplazados y personas ligadas al gobierno local describen un territorio donde el crimen organizado dejó de operar únicamente como una estructura dedicada al narcotráfico y pasó a controlar buena parte de la economía, la seguridad y hasta las decisiones políticas del municipio.
En el centro de los señalamientos aparece el nombre de Gabino Barrera Estrada, integrante del clan Barrera Estrada, familia que durante años concentró poder político en Churumuco. Rodimiro Barrera Estrada fue alcalde y diputado federal por el PRI, mientras que su hermano Gildardo Barrera Estrada también ocupó la presidencia municipal. Paralelamente, Gabino Barrera fue señalado en distintos reportes periodísticos y de inteligencia como operador criminal en la región de Tierra Caliente.
De acuerdo con testimonios recabados, el control atribuido a Gabino Barrera se extiende prácticamente a toda actividad económica importante dentro del municipio. Comerciantes y ganaderos aseguran que la compra y venta de ganado se encuentra vigilada y que cualquier operación realizada fuera del sistema impuesto por el grupo criminal puede derivar en amenazas, extorsiones o desplazamiento forzado.
Habitantes también señalan que la comercialización de pollo, carne de puerco y pescado se encuentra bajo supervisión del grupo criminal. Según las versiones locales, quienes intentan vender productos sin autorización son presionados o expulsados.
La situación también habría impactado las rutas comerciales. Pobladores denuncian que el trayecto entre Nueva Italia y Churumuco permanece bajo vigilancia debido a la disputa entre el grupo encabezado por Gabino Barrera y la célula de Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias “El Migueladas”, identificado como líder criminal en la región. La ruta alterna hacia Huetamo, donde existe presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, tampoco escapa al control armado, pues conductores aseguran que constantemente son interrogados por “halcones” apostados en carreteras y caminos.
Uno de los señalamientos más delicados gira en torno al combustible. Habitantes sostienen que la única gasolinera del municipio habría estado vinculada al entorno de Gabino Barrera y que, tras ser clausurada por investigaciones relacionadas con combustible robado, comenzaron a operar puntos clandestinos de venta de gasolina en carreteras y brechas controladas por el grupo criminal. Pobladores afirman que el combustible se comercializa a precios elevados y que incluso estaría adulterado, provocando daños en vehículos.
Las acusaciones alcanzan también al ámbito político. Fuentes locales aseguran que la actual alcaldesa Judith Chino Camacho tendría vínculos familiares con Gabino Barrera, al ser cuñada del capo, además de existir versiones sobre supuestos contratos relacionados con renta de maquinaria y compra de combustible. Hasta ahora no existe confirmación oficial ni procesos judiciales públicos que acrediten dichas acusaciones.
El temor dentro del municipio se intensificó después del operativo federal realizado en enero de 2024 para intentar capturar a Gabino Barrera. Habitantes relatan que durante aquel despliegue militar se registraron bloqueos y movilización de civiles para impedir la detención del líder criminal. Versiones locales sostienen que personas ligadas a la base social del grupo facilitaron su escape mientras caminos y accesos eran cerrados.
Tras esos hechos, un policía que participó en el operativo fue posteriormente secuestrado, torturado y asesinado después de haber sido identificado.
Meses más tarde, en marzo de 2024, fue asesinado en Morelia el entonces alcalde de Churumuco, Guillermo Torres. Dentro del municipio persisten versiones que relacionan el homicidio con el deterioro de la relación entre el edil y el grupo criminal tras el operativo militar de enero.
Habitantes también sostienen que personas que asistieron a actos funerarios relacionados con Guillermo Torres posteriormente habrían sido víctimas de amenazas y extorsiones, cobrándoles entre 100 mil y 200 mil pesos a cada asistente para no desplazarlos del municipio.
La violencia y el miedo habrían provocado un desplazamiento masivo en el municipio. Fuentes locales estiman que hasta 2 mil 500 personas abandonaron Churumuco en los últimos años, una cifra alarmante para una población que rondaba los 12 mil habitantes de acuerdo con el censo de 2020.
Los testimonios describen un patrón constante de amenazas, castigos, expulsiones y apropiación de propiedades abandonadas. Habitantes aseguran que familias enteras dejaron casas, terrenos, animales y pertenencias tras recibir advertencias del grupo criminal.
Pobladores también denuncian la imposición de castigos por parte de la organización. Entre las versiones recogidas aparecen multas económicas por alterar el orden impuesto por el grupo criminal, además de denuncias sobre torturas con metales al rojo vivo y agresiones contra quienes se niegan a obedecer.
En medio de este escenario, habitantes afirman que la vida cotidiana cambió completamente. La gente dejó de realizar actividades recreativas, redujo la convivencia social y modificó sus rutinas por miedo a llamar la atención de integrantes del crimen organizado.
Con la Policía Municipal desaparecida y una presencia limitada de fuerzas estatales y federales, muchos habitantes consideran que el crimen organizado terminó por convertirse en el verdadero poder que domina Churumuco.
Con información de 90grados
Más historias
“Los Derechos Humanos deben estar presentes en todos los sectores”: Josué Mejía
PRD Michoacán alista concentración estatal el 31 de mayo; presentará propuesta política para el estado
Presentará Morena una denuncia en contra del gobernador Samuel García y su esposa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos