La soberbia del “derecho”

Punto de Vista

Por Jesús Michel Narváez

Salir en defensa de un personaje del que todo mundo sospecha y nadie lo aprehende porque no hay “pruebas contundentes”, entorpece investigaciones que terminan en el cesto de la basura i en el archivo muerto de donde en algún momento y por circunstancias precisas, resucitará.

No son quien para corregir a los doctores en derecho. Les reconozco sus conocimientos, su sapiencia obtenida a través del estudio y las acciones que han representado a lo largo de sus carreras y, quizá por ello, supongan que en un conflicto como el surgido por las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, se deben apegar al derecho internacional y México está en su derecho de negar la extracción solicitada.

La presidenta mexicana informó que el mismo día en que se conoció la acusación, el pasado día 29 de abril, habló con el gobernador. ¿Qué le informó? Solamente ellos dos y probablemente los pájaros que se colgaron de los alambres durante la conversación lo saben.

Queda sobre entendido que Rocha Moya no admitirá públicamente su participación en actividades estimadas como conspiración criminal y que sacará las uñas y los colmillos para defender su “integridad y su inocencia”.

A los abogados les presentó sucintamente elementos que no quieren o no pueden abordar.

Declarados los cárteles criminales de México terroristas, el gobierno de Estados Unidos puede ingresar a cualquier país para capturarlos y trasladarlos a su territorio.

Con la protección de la la USA PATRIOT act (Ley Patriótica) propuesta por George W. Busch y aprobada por mayoría absoluta, Estados Unidos ha realizado acciones militares en diversos países del mundo en busca de terroristas. Su mayor éxito fue la captura de Bin Laden en Pakistán y dejar que la justicia sentenciara a Sadam Husein y a Muamar Gadafi lo lincharan, hecho ocurrido en 2011.

Durante los siguientes 15 años parece no haber sido invocada la ley Patriótica hasta enero de 2026 cuando Washington decidió extraer de Caracas al dictador Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra detenido en Brooklyn sujeto a proceso por narcotráfico y conspiración criminal entre otros delitos.

En ninguno de los casos mencionados y otros desconocidos, se aplicó el derecho internacional.

¿Qué hace suponer al gobierno de México que Rocha Moya no será extraído y llevado a Estados Unidos?

¿Es más importante, más poderoso Rocha Moya que Maduro?

La respuesta ofrecida por la presidenta Sheinbaum la mañana de ayer, sembró más irritación de la necesaria en el vecino país. La fotografía que hizo circular su oficina de prensa la muestra con las manos extendidas y mostrando la parte interior. ¿Quiso decir que sus manos están limpias?

Al gobierno de la cuatroté no le pasa por la cabeza que si Estados Unidos tomó decisiones unilaterales sin avisar a países presuntamente aliados para detener a criminales que afectaban sus intereses, podría hacer lo mismo con México.

Más con un presidente radical como Donald Trump que no mide sus palabras y menos sus decisiones y acciones.

Ha insistido en “apoyar” a la presidenta mexicana el combate a los cárteles y la oferta ha sido rechazada cuando menos en una docena de ocasiones.

La exigencia de “pruebas sólidas” y de invocar el derecho internacional además de defender el ESTADO DE DERECHO MEXICANO, más parece una estrategia para ganar tiempo y tratar de hallar una respuesta a la interrogante: ¿entregar a Rocha Moya qué costos políticos tiene?

Probablemente la presidenta los conozca, sí es que está enterada o bien recurrirá a su gabinete de seguridad para que le informe y, entonces tomar una decisión.

Nadie quiere que agentes o militares de Estados Unidos actúen ante la incapacidad de hacerlo el gobierno mexicano.

¿Cuántos políticos caerán si Rocha Moya es entregado o extraído por agentes federales de EU?

Por supuesto que la presidenta no tiene un día de campo y la decisión que tome tendrá dos hipótesis: fortalecerla como presidenta o prepararse para enfermarse y solicitar licencia.

¿Por cuál optará?

Deberá tomar la decisión que proteja al país, no a sus intereses personales.